Desgraciadamente, el despliegue de muchas infraestructuras de telecomunicación dentro de los núcleos de población se ha producido históricamente sin un procedimiento del todo estructurado y, bastante a menudo, demasiado agresivo hacia el paisaje urbano. Hay que tener presente que el paisaje urbano es parte fundamental del medio ambiente urbano y que constituye un legado la integridad y continuidad del que garantiza una buena calidad de vida a los usuarios actuales y futuros de la ciudad.
Como caso más paradigmático de algunas prácticas históricas, se encuentran los servicios de telefonía móvil la evolución de los cuales, hacia finales de los años 90 y principios de los 2000, conllevó la instalación progresiva de toda una serie de infraestructuras aparentemente desordenadas y poco respetuosas con el entorno. Estos cambios acontecidos provocaron enojo en parte de la población y, a menudo también, la aparición de una cierta inquietud social. Con características propias, el fenómeno se reprodujo en las zonas rurales donde todavía está muy presente la imagen de tres o cuatro torres sobre una colina, una al lado de la otra, en una especie de competición absurda por el terreno…
Ejemplos de instalaciones de los años 90 y principios de los 2000
Más recientemente, se han retomado determinadas praxis reprobables con el despliegue de nuevas infraestructuras de telecomunicación, como los cableados y las canalizaciones de fibra óptica. Es cada vez más frecuente ver cables dando vueltas por las fachadas de cualquier manera, cruzando calles de lado a lado, o la disposición sobre fachada de agrupaciones de cajas de conexión que estropean sobremanera la estética de los edificios. Los diversos operadores de estas tecnologías subcontratan el despliegue a terceros bajo criterios económicos tan extremos que no sólo han provocado conflictos laborales sino una gran falta de calidad final de las instalaciones.
Ante estas situaciones, el agente que debe velar por el buen mantenimiento y ornato del espacio público del municipio no es otro que el propio Ayuntamiento. La autoridad municipal determinará los criterios públicos sobre lo que está y no está permitido hacer en la ciudad, en concordancia con los objetivos del urbanismo local y bajo la base de algún tipo de código de buenas prácticas con capacidad ejecutiva, más respetuoso con la integración visual y estética de los diversos elementos de red en lugar de las instalaciones habituales que realizan las empresas en ausencia de regulación. Los criterios mencionados deben ser claros y se deben ir actualizando en el tiempo. Igualmente, la eficacia final de las medidas pactadas debe ir ligada a la realización de controles administrativos de cumplimiento del código de buenas prácticas por parte de las empresas que se han comprometido.
Por otra parte, todo hace pensar que nos encontramos ante nuevos proyectos de infraestructuras de diversos servicios y tecnologías: WIFI, sensorizaciones de Smart City y Redes de Comunicaciones asociadas (por ejemplo, LoRa), estaciones de telefonía móvil 4G y futuras generaciones… El desarrollo tecnológico actual se encamina a redes basadas en equipos de dimensiones y alcance cada vez más reducidos en comparación a los anteriores pero, en contraprestación, con requerimientos de mayor capilaridad. Es decir, una densidad elevada de componentes (sensores, antenas, etc.) a disponer en el espacio público, particularmente constatable en las grandes concentraciones de población.
En este escenario, los elementos de mobiliario urbano convierten estructuras de apoyo idóneas de los componentes de red por cuanto facilitan un despliegue más simple de gestionar (el propietario del emplazamiento es el Ayuntamiento) y más ordenado. Asimismo, es una requerimiento de la misma Ley 9/2014, de 9 de mayo, de telecomunicaciones que exige explícitamente a las Administraciones Públicas que hagan lo posible por facilitar a los operadores el acceso a tubos, postes, conductos, cajas, cámaras, armarios y cualquier recurso asociado que pueda ser utilizado para desarrollar y alojar cables de comunicaciones electrónicas, equipos, dispositivos o cualquier otro recurso análogo necesario para el despliegue e instalación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. Es decir, en algunos casos la colaboración del Ayuntamiento no es sólo una opción sino un imperativo legal.
Para el buen funcionamiento de los protocolos de instalación y ante la más que probable diversidad de redes de comunicaciones electrónicas de todo tipo que se desplegarán, el ayuntamiento deberá disponer de un buen inventario, siempre actualizado, que le permita de adoptar las medidas más acertadas en cada momento. Por ejemplo, de cara a peticiones de emplazamiento que inviten a la compartición de soportes, o para la retirada de elementos obsoletos o fuera de uso.
Ejemplo de buena práctica con la utilización de un radomo que permite ocultar un nodo WiFi
Finalmente, habrá que considerar y estipular las contraprestaciones económicas de los acuerdos de acceso, en la línea de lo señalado en los apartados 6 y 7 del artículo 37 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de telecomunicaciones y que pueden convertirse, al menos, la fuente de ingresos que financie las tareas de inspección, supervisión y seguimiento de las instalaciones de telecomunicación que se han apuntado.
Autores:
- Fernando Pascual
- Raimon Balart
Ingenieros de Telecomunicaciones en BCN Projecta Associats SL
