El Ayuntamiento de Martorelles ha dado un plazo de 20 días a la compañía Vodafone para que desconecte la antena de telefonía móvil que tiene situada junto a la calle Montseny y los depósitos de agua que hay en la zona verde donde cada año se hace el pesebre viviente.

La petición, que se formalizó en la junta de gobierno del 27 de enero, se produce para cumplir una sentencia de junio del año pasado que anulaba la licencia ambiental que el consistorio había concedido el año 2010. En octubre y diciembre, el juzgado contencioso administrativo había requerido al Ayuntamiento que diera cumplimiento a la sentencia. También que identificara los políticos y técnicos que eran responsables.

Posteriormente, en un auto dictado el 17 de diciembre de 2014, el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Barcelona traslada al Ayuntamiento que “las sentencias judiciales deben cumplirse pura y simplemente por la administración de manera exacta y precisa y sin ningún tipo de interpretación, plazo o condición. En el presente caso, el Ayuntamiento no está cumpliendo con la sentencia en sus estrictos términos, sino que la somete a plazos y condiciones, lo que resulta inadmisible”.

El alcalde, Romuald Velasco, (UxN) asegura la intención del Ayuntamiento siempre ha sido cumplir la sentencia. Consideran que será suficiente con el cese de las emisiones y que velarán para que esto se ejecute durante el plazo de 20 días fijado, aún vigente. También entiende que si se desconecta la antena no será necesario derribarla. La desconexión sólo afecta la antena de Vodafone pero no la de Movistar, que se añadió posteriormente. “No hay ningún litigio judicial por esta segunda antena”.

El tribunal entendía que el Ayuntamiento de Martorelles “se limita a tener por anulada la licencia ambiental ya no prorrogar el convenio de cesión del uso privativo del espacio afectado por la licencia”, que termina el próximo mes de junio. Al mismo tiempo, afirmaba que la respuesta municipal “en realidad constituye un medio para evitar el cumplimiento exacto de la sentencia”. Por ello, daba un plazo de 20 días en el Ayuntamiento, para cesar la actividad de Vodafone y “en caso de incumplimiento proceder efectivamente a la retirada y demolición de la instalación por sus propios medios”. Añade, además, que en responsabiliza del alcalde y el secretario municipal y que, en caso de seguir dilatando el proceso, se podrían exigir responsabilidades a los dos.

Fuente: el9nou.cat

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